La gente bloquea una calle durante una huelga en Santa Cruz, Bolivia, el 24 de octubre de 2022Aizar Raldes / AFP
El Gobierno de Bolivia inicia este viernes la “mesa técnica” que definirá la fecha del censo, con la expectativa de acercar posiciones con sectores opositores del departamento de Santa Cruz, donde se desarrolla un paro desde hace 13 días.
La reunión tendrá lugar en la ciudad de Trinidad, capital de Beni, y contará con la participación de amplios sectores, más de 300 autoridades de todo el país, expertos y organismos internacionales.
La Comisión Técnica comenzará en la tarde de este viernes en una sede de la Universidad Autónoma José Ballivián, y continuará el día sábado.
Se espera que ese día se defina la fecha del censo de población y vivienda, motivo del conflicto con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, impulsor de las protestas contra la postergación del estudio demográfico hacia 2024.
El presidente Luis Arce manifestó que la reunión dará “certidumbre a la población sobre la ejecución y calidad del proceso censal”. “Exhortamos a deponer cualquier medida de presión que atente contra la reconstrucción de Santa Cruz”, señaló desde su cuenta de Twitter.
(Hilo) Con la instalación de la comisión técnica que decidirá la fecha del Censo, damos certidumbre a la población sobre la ejecución y calidad del proceso censal. Exhortamos a deponer cualquier medida de presión que atente contra la reconstrucción de #SantaCruz
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 3, 2022
El Gobierno se mostró dispuesto a negociar la fecha definitiva, pero para ello pidió el levantamiento de las medidas de presión, que consideró “injustificadas”. Según estimó la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, el paro y los bloqueos en las calles están generando pérdidas por 36 millones de dólares diarios.
El gobernador de Santa Cruz, el opositor de derecha Luis Fernando Camacho, descartó este viernes participar de la mesa técnica y aseguró que seguirá en las calles apoyando el paro indefinido para que la encuesta nacional se realice en 2023.
“Que vayan los técnicos”, afirmó, dando a entender que habrá representantes del Comité.
Camacho aclaró, sin embargo, que no habrá acercamientos si el Gobierno no acepta llevar adelante el censo el próximo año y agregó que no puede haber negociaciones “por abajo”, informó el periódico Página Siete.
“Cualquier mesa de diálogo que se abra, donde se sienten, no nos hacemos problema porque siempre vamos a apoyar al comité interinstitucional, pero el mandato es claro, que es al 2023 el censo, y que los técnicos deben ajustarse para que se realice”, manifestó.
Viceministra de Comunicación de Bolivia rechaza el “paro injustificado” y llama al diálogo
En la mesa técnica habrá representantes de las 11 universidades del sistema público, de asociaciones municipales, de alcaldías de ciudades capitales, de las nueve gobernaciones y de los gobiernos autónomos indígenas y campesinos. A ellos se sumarán representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestó su preocupación por los actos de violencia ocurridos durante las protestas por el censo, debido a diversos choques entre manifestantes oficialistas y opositores registrados en las últimas semanas.
#CIDH y @RELE_CIDH llaman a propiciar un diálogo efectivo para prevenir la violencia en contextos de protestas sociales en #Bolivia. #DerechosHumanoshttps://t.co/Bs63hbh3ERpic.twitter.com/kP4QnN265E
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 3, 2022
En el comunicado, la CIDH llamó al Estado boliviano a tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica, según los estándares interamericanos y a fortalecer procesos de diálogo.
Inicialmente, el Censo Nacional de Población y Vivienda estaba previsto para noviembre de este año, pero la administración de Arce decidió aplazarlo por la emergencia sanitaria del coronavirus. El argumento de quienes se oponen es que, de este modo, se postergaría también el pacto fiscal y la reasignación de recursos para las regiones, que se definen por número de población.
Los datos que se usan actualmente son del censo de 2012, y la cantidad de habitantes habría crecido, además de que por ley debe realizarse cada 10 años.
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