Cinco oficiales de policía de la ciudad de New Haven, en el estado de Connecticut, fueron acusados este lunes de poner en peligro imprudentemente a personas y trato cruel en segundo grado por el arresto de un ciudadano afroamericano que quedó parapléjico de pecho para abajo cuando viajaba en la parte trasera de un furgón policial, informa CBS News.
Randy Cox, de 36 años, fue detenido el 19 de junio por un cargo de posesión de armas y estaba siendo trasladado a una comisaría de la Policía de New Haven cuando el conductor de la camioneta en la que viajaba frenó con fuerza, aparentemente para evitar una colisión, lo que provocó que Cox se diera un fuerte golpe en la cabeza contra la carrocería del vehículo.
A pesar de que Cox pedía ayuda alegando que no podía moverse, los oficiales no le creyeron y lo colocaron en una celda de detención antes de su traslado a un hospital. El hombre se sometió a varias operaciones quirúrgicas para reparar su columna vertebral, pero todavía sigue sin poder moverse de pecho para abajo.
Los cinco policías, identificados como Oscar Díaz, Ronald Pressley, Jocelyn Lavandier, Luis Rivera y Betsy Segui, se entregaron este lunes en la comisaría de la Policía Estatal de Connecticut, según el cuerpo policial. Cada uno de ellos fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 25.000 dólares. El tribunal que procesa el caso ha programado el juicio para el 8 de diciembre.
5 New Haven officers are now facing charges in connection to how they handled the arrest of Randy Cox. Cox is a New Haven man who was paralyzed while in police custody. @WFSBnewspic.twitter.com/ssZOkaxsM2
— Christian Colón (@ColonCJC) November 28, 2022
El jefe de la Policía de New Haven, Karl Jacobson, y el alcalde de la ciudad, Justin Elicker, comentaron el caso este lunes, informa The New York Times. Jacobson condenó el comportamiento de los oficiales afirmando que “puedes cometer errores, pero no puedes tratar a las personas de la manera en que Randy Cox fue tratado“. Elicker, por su parte, informó de que “la ciudad de New Haven está comprometida con la rendición de cuentas de todas las personas involucradas en este trágico incidente”.
Jack O’Donnell, abogado de Cox, calificó las acciones de los oficiales de delito “cruel e inhumano“. El equipo legal de la víctima presentó una demanda en un tribunal federal en New Haven contra la administración de la ciudad y los policías implicados, y reclama una indemnización de 100 millones de dólares por las lesiones y su sufrimiento. Uno de los abogados de la familia de Cox, Ben Crump, pidió que a los oficiales de New Haven “les caiga toda la dureza de la ley”.
El cuerpo policial introdujo este verano una serie de reformas a raíz del caso. Ahora se prohíbe el uso de los furgones policiales para la mayoría de los traslados de presos, y en su lugar se utilizan vehículos policiales señalizados. También desde ahora exigen que los agentes llamen inmediatamente a una ambulancia para que acuda a su ubicación si el preso solicita o parece necesitar ayuda médica.
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