En cadena nacional y un día antes del juicio final contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario argentino, Alberto Fernández, anunció una investigación sobre el presunto viaje que realizaron un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido, en la región patagónica.
“Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros”, dijo Fernández en un breve mensaje a la nación en el que criticó que aún hay “factores de poder” que “influyen negativamente sobre las estructuras del Estado”.
Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando favores que buscan ventajas indebidas o simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. pic.twitter.com/gCjzrD3z8c
— Alberto Fernández (@alferdez) December 5, 2022
El pasado 13 de octubre, los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials fueron invitados, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín —el multimedios más importante del país— a Lago Escondido, en donde se ubica una lujosa propiedad del magnate británico Joe Lewis, quien tiene “grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, apuntó Fernández.
En ese vuelo privado también viajaron el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales capitalinos, Juan Bautista; y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke. Esta comitiva de jueces, funcionarios y exservidores públicos estaba encabezada por los altos directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey.
El diario Página 12 reveló que los protagonistas intentaron ocultar el viaje. Sin embargo, un grupo de ‘hackers’ intervino el teléfono del ministro D’Alessandro y reveló audios y chats que develan que los participantes acordaron dar a conocer que cada uno había pagado su viaje y no el Grupo Clarín.
“Quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos, tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, expresó Fernández.
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