La Justicia argentina realizó un allanamiento en una lujosa estancia del magnate británico Joe Lewis como parte de la causa que investiga un controvertido viaje que realizaron jueces y políticos, entre otras figuras públicas, y que presuntamente pagó el Grupo Clarín, el multimedios más importante del país sudamericano.
El operativo fue ordenado por Cándida Etchepare, la fiscal que está a cargo del caso y que también incluyó allanamientos previos en las oficinas y el hangar de Flyzar, la empresa que trasladó a los viajeros desde el aeropuerto de San Fernando, ubicado en la provincia de Buenos Aires, hasta la exclusiva estancia en Lago Escondido que Lewis construyó en la patagónica ciudad de Bariloche.
La historia, que ha provocado un escándalo, comenzó el pasado pasado 13 de octubre, cuando los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials viajaron a Lago Escondido, en secreto y en un vuelo privado, junto con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales de la capital, Juan Bautista; los altos directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey; y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke.
La Justicia de Bariloche cuenta con las fotos de los directivos de Clarín, los funcionarios de la Ciudad y los jueces y fiscales llegando al aeropuerto rumbo a Lago Escondido. pic.twitter.com/r4MmznBgpX
— Alan Longy 🧡 (@AlanLongy) December 7, 2022
Cuatro días más tarde, el diario Página 12 reveló el viaje que los protagonistas habían tratado de ocultar.
Ante el evidente conflicto de interés (ya que los jueces han intervenido o pueden fallar en causas que afectan al Grupo Clarín o a Lewis), se inició una denuncia en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene a su cargo la administración del Poder Judicial, así como el control y sanción de los jueces.
El pasado 10 de diciembre, el escándalo se profundizó luego de que el diario Tiempo Argentino y el portal El cohete a la luna publicaran una serie de chats que supuestamente demuestran las maniobras que llevaron a cabo los magistrados, empresarios y funcionarios para ocultar el viaje.
De acuerdo con esa filtración, los involucrados crearon el grupo de Telegram titulado ‘Operación Página 12’ para acordar la estrategia que seguirían para hacer creer que cada uno se había pagado el viaje al margen de Clarín, además de impedir que la información tuviera una mayor repercusión en los medios.
Los chats no pueden ser utilizados en la causa judicial porque fueron obtenidos a través de una práctica de espionaje ilegal, lo que los invalida como pruebas.