El mayor general retirado (r) del Ejército de Colombia Henry William Torres Escalante y otros 17 exmilitares, reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 296 personas a través de ‘falsos positivos’, crímenes en los que fuerzas del Estado presentaron falsamente a personas indefensas como guerrilleros o delincuentes que dieron de baja en combates.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este jueves que los responsables habían sido imputados el pasado 14 de julio y llamados a reconocer el asesinato de 296 personas, entre los años 2005 y 2008, a través de 212 eventos ocurridos en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
En total, añade la JEP, fueron acusados 22 máximos responsables militares y tres partícipes no determinantes que hicieron parte del Gaula Casanare, del Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ (Birno) y de los batallones de Contraguerrilla 23, 29 y 65, el DAS, además de dos civiles. En estas imputaciones tomaron en cuenta los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo, quien recientemente fue extraditado a EE.UU.
#COMUNICADO El mayor general (r) Henry William Torres Escalante y otros 17 exintegrantes del Ejército reconocen su responsabilidad por “falsos positvos" ante la @JEP_Colombia. https://t.co/qXqq28wtUc
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 20, 2022
La JEP detalló que Torres Escalante fue comandante de la XVI Brigada del Ejército, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007, y reconoció “los casos de falsos positivos de los que fue imputado y aceptó los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas”.
También reconocieron su máxima responsabilidad como autores mediatos, el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, comandante del Batallón de Infantería Nº 44 Ramón Nonato Pérez, entre diciembre de 2006 y junio de 2008; y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007.
Además, en calidad de coautores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, admitieron los hechos el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez; los mayores (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez y (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; los capitanes (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava; y los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.
De igual forma lo hicieron los sargentos primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; el sargento segundo activo Faiber Alberto Amaya Ruiz; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; el cabo primero (r) Gélver Pérez García; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano; y el civil Miguel Fernando Ramírez.
Fecha límite para el reconocimiento
La JEP informó que los demás que aparecen imputados por este caso, entre ellos el detective retirado del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar, señalado como “coautor” con “aportes esenciales”, y otros cinco presuntos responsables, tienen hasta el 8 de noviembre de 2022 para reconocer o rechazar los hechos.