Richard Ellis / Legion-Media
Una de las filtraciones del grupo de ‘hackers’ Guacamaya a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló que militares mexicanos estarían involucrados en la venta de armamento a organizaciones criminales.
En un informe de inteligencia elaborado el 10 de junio de 2019, se señala que un soldado ofreció a operadores de una célula de un cártel del narcotráfico que opera en el estado de México 70 granadas de fragmentación a un costo de 26.000 pesos (unos 1.300 dólares) cada una.
“La célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, estado de México”, indica el informe difundido por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
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Otro contacto castrense
Además del soldado, hay un presunto integrante del Ejército, a quien los criminales se refieren como “antiguo”, que sería el proveedor de armas y equipo táctico a las organizaciones delictivas, y tendría su base en el Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México.
Este proveedor es escolta de un coronel castrense al que los criminales llaman “nuevo comandante”, quien según el reporte militar, “gusta de dinero, bebida y le entra a todo”.
Un cabecilla de la célula criminal encargó a un militar “dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle“.
Además, el reporte de inteligencia señala que el miembro castrense ofreció entregar la ubicación del fiscal regional en Amecameca (estado de México), a quien la célula del cártel planeaba asesinar.
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